SNAP enfrenta tensiones entre la administración Trump y estados demócratas: hay amenaza de quitar beneficios

Los programas de asistencia alimentaria suelen operar con bajo perfil público, salvo cuando surgen controversias. En Estados Unidos, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP ) funciona como un apoyo clave para millones de hogares frente al aumento del costo de vida, bajo un esquema que combina financiamiento federal y administración estatal.

Ese equilibrio atraviesa ahora un momento de tensión. El SNAP se convirtió en el centro de un conflicto entre la administración Trump y varios estados gobernados por demócratas, a partir de desacuerdos sobre el acceso federal a datos de beneficiarios y los límites de la supervisión del programa.

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La administración Trump advirtió que podría retener fondos del SNAP a los estados que se nieguen a compartir información de sus beneficiarios con el gobierno federal. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, afirmó que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) podría comenzar a bloquear los fondos a partir de la próxima semana si persiste la negativa.

Durante una reunión de gabinete, Rollins sostuvo, según The Guardian , que el acceso a los datos es necesario para “erradicar el fraude” y garantizar tanto que la asistencia llegue a quienes la necesitan como la protección del contribuyente. Indicó que 29 estados ya aceptaron compartir información y que otros 21, entre ellos California, Nueva York y Minnesota, continúan rechazando las solicitudes federales.

La funcionaria aseguró que la transferencia de fondos se detendría hasta que los estados accedieran a cooperar. En una declaración separada, un portavoz del USDA informó la creación de un equipo de integridad del SNAP para analizar datos estatales y combatir el fraude, y señaló que se emitirían advertencias formales antes de retirar los fondos administrativos. La administración no difundió una lista completa de los estados potencialmente afectados.

Funcionarios demócratas respondieron con críticas al enfoque federal. En julio, más de una docena de senadores demócratas calificaron, según Reuters, el intento de compilar una base de datos de beneficiarios del SNAP como una “violación ilegal de la privacidad”. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó públicamente la medida y criticó sus posibles consecuencias.

Desde el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, legisladores demócratas sostuvieron que la decisión equivale a utilizar el acceso a los alimentos como herramienta política. Angie Craig, miembro de mayor rango del comité, afirmó que la medida prioriza el mensaje político por encima de las necesidades de personas mayores, niños, veteranos y estadounidenses con discapacidades.

De acuerdo con cifras oficiales del SNAP, casi 42 millones de personas dependieron del programa cada mes durante el año fiscal 2024, en su mayoría pertenecientes a grupos vulnerables. Mientras el enfrentamiento continúa, persiste la incertidumbre sobre si la disputa derivará en interrupciones de la financiación con impacto directo en la seguridad alimentaria de los beneficiarios.

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