Un hombre de 36 años, identificado como Laurent B., enfrentará un juicio tras ser acusado de grabar a mujeres y niños sin su consentimiento en su domicilio y en la piscina municipal de Templeuve-en-Pévèle, en Francia.
La denuncia se hizo pública después de que los padres de una niña de diez años descubrieran que su hija había sido filmada mientras se cambiaba de ropa durante una visita familiar en agosto de 2024. El acusado, informático, también está imputado por la posesión de archivos de contenido pedopornográfico.
Durante una reunión familiar, la familia D. acudió a la casa de Laurent B. junto a sus tres hijos. Los niños se preparaban para nadar y utilizaron las instalaciones del baño para cambiarse. Posteriormente, los padres supieron que su hija mayor fue grabada mediante una cámara oculta instalada en el baño.
De acuerdo con la investigación, difunfida por Le Point, el sospechoso confesó haber grabado a todos los visitantes que usaron el baño de su casa y haber realizado videos similares en los vestuarios de la piscina municipal, utilizando una cámara camuflada en una llave de coche.
Según Le Point, otra prima de la familia también resultó afectada. Las autoridades señalan que Laurent B. visitaba la piscina al menos dos veces por semana para obtener imágenes de mujeres y niños. Miles de archivos de contenido ilegal fueron hallados en su poder.
El acusado reconoció ante los investigadores que descargó ese material de internet y que grabó a personas en situaciones íntimas tanto en su vivienda como en espacios públicos.
La abogada Caty Richard representa tanto a la familia D. como a la asociación Innocence en danger, que se constituyó como parte civil en el caso. El tribunal pospuso el juicio para permitir investigaciones complementarias, con el objetivo de identificar a todas las víctimas que hayan sido grabadas en la piscina y en el domicilio del acusado.
La justicia solicitó a la policía que elabore un listado de todos los usuarios que visitaron la piscina en las fechas relevantes. Los agentes deben contactar a esas personas, mostrarles el material incautado y establecer quiénes aparecen en las grabaciones.
En tanto, los padres de la niña exigen respuestas sobre la identidad de todas las personas filmadas, ya que temen que otros miembros de su familia o invitados hayan sido víctimas.
De acuerdo con la familia D., sienten que la investigación no profundizó lo suficiente en las grabaciones realizadas en el domicilio. Los padres insisten en la importancia de esclarecer si hay más víctimas entre sus allegados y piden que la justicia actúe con mayor rigor y transparencia. La familia considera que tiene derecho a conocer la verdad sobre el alcance de los hechos.
Laurent B. permanece bajo control judicial a la espera del juicio. Tiene prohibido acercarse o contactar a la menor afectada, a cualquier menor de edad, y no puede frecuentar vestuarios ni ver a su hija sin la presencia de un tercero.
En declaraciones a los investigadores, el acusado admitió haber grabado cientos de videos en la piscina desde julio de 2023. Explicó que comenzó a consumir contenido pedopornográfico en 2015, tras perder interés en el material pornográfico tradicional. Sostuvo que buscaba sensaciones nuevas y que la actividad ilegal surgió de esa necesidad.
El acusado afirmó que no siente atracción por los niños y que su conducta responde al “gusto por lo prohibido”. Asimismo, dijo necesitar una cantidad creciente de videos y fotos para satisfacer esa búsqueda. La justicia le impuso una orden de tratamiento psicológico mientras se resuelve el proceso.
Según la familia D., existe temor de que el acusado pueda pasar del consumo de imágenes al contacto físico con menores. Los padres expresaron inquietud por el posible riesgo para otros niños, dado el patrón de acumulación de material cada vez más grave.
Además, señalaron que la presencia del acusado en la misma ciudad genera ansiedad y presión psicológica, ya que temen que pueda encontrarse con sus hijos en lugares públicos.
La familia afectada manifestó sentirse aislada por el entorno familiar, que minimizó la gravedad de los hechos. Según los testimonios, algunos familiares prefieren no hablar del caso o lo describen como un simple error del acusado, en lugar de reconocer la dimensión del delito. Laurent B. continúa recibiendo invitaciones a reuniones familiares, lo que genera incomodidad y malestar en los padres de la víctima.
El caso provocó una pérdida de confianza y una fuerte carga emocional para la niña afectada y sus familiares. Los padres consideran que parte de la inocencia de su hija fue arrebatada y subrayan la importancia de visibilizar la problemática para prevenir situaciones similares en otros entornos.
Los padres de la víctima insisten en que la justicia debe identificar a todas las personas que hayan sido grabadas y notificarles lo ocurrido. Consideran fundamental que el proceso judicial avance de manera exhaustiva y transparente.
La familia, junto a la asociación Innocence en danger, solicita que las autoridades extiendan la investigación a todos los ámbitos en los que el acusado pudo actuar.
La comunidad local y las organizaciones civiles observan el desarrollo del caso con atención. El juicio previsto para septiembre de 2026 será clave para determinar las responsabilidades y establecer medidas de protección para las víctimas. La familia de la niña asegura que seguirá exigiendo justicia y verdad.

