Katy Perry: la historia detrás de la guerra judicial que tuvo con un empresario millonario dueño de una mansión de California

La historia entre Katy Perry y Orlando Bloom no solo dejó una relación de casi una década y una hija en común, Daisy Dove Bloom, nacida en agosto de 2020. También dio lugar a una de las disputas inmobiliarias más complejas y costosas de los últimos años en California, con epicentro en Montecito, uno de los enclaves más exclusivos del estado.

En pleno auge de la pandemia, cuando Montecito, en California, se consolidó como refugio de millonarios que dejaban las grandes ciudades, Katy Perry y Orlando Bloom se instalaron en la zona. En octubre de 2020, la cantante compró una propiedad de tres hectáreas por US$14,2 millones, que pasó a ser su residencia principal.

Sin embargo, unos meses antes, en julio de ese mismo año, Perry había acordado la compra de otra casa en Montecito, más pequeña pero mejor ubicada, a pocos minutos del centro. La operación se cerró en US$15 millones y el vendedor era Carl Westcott, fundador de la firma 1-800-Flowers.

Westcott había comprado la propiedad apenas dos meses antes, por US$11,3 millones . La casa, con ocho dormitorios, once baños y un amplio terreno, atrajo rápidamente a compradores de alto perfil, entre ellos Maria Shriver, que llegó a ofrecer US$13,5 millones. Finalmente, Perry superó todas las propuestas y el 14 de julio de 2020 se firmó la venta, con una ganancia de US$3,7 millones para el empresario.

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Pocos días después, el empresario comenzó a dudar. Según consta en declaraciones judiciales, el 22 de julio contactó a su agente inmobiliario para consultar si podía cancelar el contrato, alegando preocupaciones impositivas y la resistencia de su pareja a mudarse nuevamente.

Dos días más tarde, un abogado contratado por el gestor comercial de Perry, Bernie Gudvi, le recordó que el acuerdo era vinculante y que la cantante y Bloom seguían decididos a concretar la compra.

El conflicto escaló rápidamente. En agosto de 2020, Westcott presentó una demanda contra Gudvi solicitando que se anulara la operación. Argumentó que, al momento de firmar, no estaba en condiciones mentales de consentir la venta debido a una combinación de edad, fragilidad física, una cirugía reciente y el consumo de opioides para el dolor. En su presentación, sostuvo que se encontraba “mentalmente incapacitado”.

La respuesta de Perry no tardó en llegar. La cantante presentó una contrademanda millonaria y rechazó de plano esos argumentos. En los escritos judiciales, sostuvo que Westcott había actuado con plena lucidez durante todo el proceso: contrató agentes experimentados, negoció comisiones, organizó visitas, evaluó múltiples ofertas, buscó viviendas alternativas y cerró una operación altamente beneficiosa para sus intereses.

Durante los más de tres años que duró la batalla legal, la propiedad quedó vacía y, aunque el título permaneció a nombre de Westcott durante gran parte del proceso, la Justicia fue desestimando sus reclamos. En diciembre de 2023, un juez falló en su contra y concluyó que no existían pruebas convincentes de que el empresario —diagnosticado en 2015 con la enfermedad de Huntington— careciera de capacidad para comprender y aceptar la venta. Finalmente, la casa quedó oficialmente en manos de Perry en 2024.

Con el conflicto aún abierto, la cantante avanzó con nuevos reclamos económicos. Solicitó compensaciones por pérdidas de ingresos de alquiler durante el período en que la operación estuvo bloqueada, costos de reparación y honorarios legales, por un total que superaba los ocho millones de dólares. Del otro lado, la familia Westcott intentó correr el eje hacia lo emocional: su hijo Court declaró públicamente que el litigio había afectado gravemente la salud de su padre, quien fue trasladado a una clínica con atención permanente, y sugirió que una disculpa pública de Perry podría aliviar la situación.

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Lejos de retroceder, la artista reafirmó su postura. En agosto, declaró por Zoom ante un tribunal de Los Ángeles y, consultada sobre qué buscaba con el proceso judicial, respondió de manera tajante: “Justicia”. En documentos presentados el 25 de noviembre, reclamó una indemnización total de US$4,7 millones. Westcott, en paralelo, sostuvo que aún se le adeudaban seis millones del precio original de la venta —solo había recibido nueve— y propuso reducir ese monto para compensar reparaciones en la vivienda.

La resolución parcial llegó. El juez Joseph Lipner, del Tribunal Superior de California, determinó que Westcott deberá pagarle a Perry US$ 1,84 millones en concepto de daños y perjuicios. El cálculo incluye los ingresos potenciales por alquiler acumulados entre 2020 y 2024, descontando el capital retenido y los intereses correspondientes al vendedor. Además, el fallo habilita a que ese monto sea deducido de los US$6 millones de dólares aún no transferidos.

Aunque se trata de una victoria judicial, el resultado no dejó conforme a la cantante.

No es, además, la primera vez que Perry se ve envuelta en un conflicto inmobiliario de alto perfil. En 2014 protagonizó otra extensa batalla legal con un grupo de monjas por la compra de un convento en Los Ángeles, operación que finalmente ganó en los tribunales, aunque luego decidió no concretar la adquisición.