Tras un resonante caso: un acuerdo confidencial destrabó el conflicto por la propiedad de 1000 vacunos

Después de semanas de cruces, versiones contrapuestas y un allanamiento que sacudió al sector ganadero, el caso por la presunta estafa en la compraventa de hacienda encontró una salida negociada. Las partes involucradas firmaron un acuerdo confidencial que fue presentado ante la justicia de La Pampa, que permitió resolver la disputa por la propiedad de los animales y habilitar su restitución.

En las últimas horas, el consignatario y dueño de un feedlot [establecimiento de engorde a corral] Carlos Lanser difundió un comunicado a través de su empresa Carlos J Lanser SA, en el que informó que la situación quedó resuelta. “Mediante acuerdo entre partes, avalado por la Justicia de La Pampa, la situación que nos relacionaba a la propiedad de hacienda que estaba en nuestro establecimiento Carlos III quedó resuelta, dejando en claro la transparencia y buen proceder de nuestra firma”, señaló en el texto.

En ese mensaje, la empresa también remarcó que “el proceso se desarrolló dentro del marco legal correspondiente” y agradeció el acompañamiento recibido durante el conflicto. “Gracias a los amigos, colegas, empresas, proveedores y personas que nos brindaron todo su apoyo ante esta situación”, expresó.

El caso había tomado estado público semanas atrás cuando la Justicia de La Pampa ordenó el allanamiento de un feedlot en el sur de Córdoba y el secuestro de más de 1060 animales, valuados en unos $2.000.000.000, en el marco de una investigación por una presunta estafa vinculada al uso de cheques sin fondos en operaciones de compraventa de hacienda.

La denuncia fue presentada por San Jorge Cereales y Hacienda SA, con sede en Rancul, que denunció un perjuicio económico y reclamó la propiedad de los animales. A partir de allí, la fiscalía avanzó con la investigación para determinar el recorrido de la hacienda y evaluar si el traslado y la permanencia de los animales en el establecimiento cordobés podían configurar un delito de encubrimiento. Tras el procedimiento, en diálogo con LA NACION Lanser rechazó las acusaciones y sostuvo que la hacienda era de su propiedad, que contaba con documentación respaldatoria y que no existía vínculo alguno con la maniobra investigada.

Según informó la Fiscalía, la causa por la presunta estafa tiene como imputados a Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, una pareja de General Pinto, provincia de Buenos Aires, representantes de la firma San Pablo Oeste SA. Ambos fueron acusados y permanecieron tres meses con prisión domiciliaria en General Pico. Actualmente se encuentran en libertad, aunque con medidas restrictivas. De acuerdo con la investigación judicial, la empresa damnificada es San Jorge Cereales y Hacienda SA, que denunció el desapoderamiento de 1133 animales, hecho que dio origen a la causa.

Ya con el acuerdo cerrado, la fiscalía compartió con LA NACION un video grabado en la provincia de San Luis en el que aparecen Lanser, el fiscal general Armando Agüero y Alejandro Ingaramo, uno de los titulares de la empresa denunciante. En el video, Lanser se mostró conforme con el desenlace del conflicto. “Estamos en la provincia de San Luis, muy conformes, muy agradecidos. Hemos podido solucionar un problema y muy agradecido con la Justicia de La Pampa que actuó en tiempo récord en enero y en febrero judicial”, expresó.

Luego tomó la palabra el fiscal Agüero, quien explicó el trabajo realizado desde el inicio de la investigación. “Nosotros desde la fiscalía llevamos adelante la investigación. Hemos constituido los efectos de recabar información sobre la hacienda y todo lo que tenga que ver con la identificación de la misma”, señaló.

A continuación, precisó que “con anterioridad las partes han llegado a un acuerdo confidencial, donde se resolvió la situación para una mejor relación comercial” y agregó que, una vez cumplidas las medidas dispuestas, “ya se encuentra la situación solucionada”.

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Agüero también indicó que, al haber llegado las partes a un acuerdo en términos económicos, “en cuanto a la situación penal, la vamos a archivar, cerrar, porque han resuelto la situación. Así que para nosotros está terminado el problema”, afirmó. No obstante, aclaró a LA NACION que la causa por la presunta estafa contra Fiorini y Courreges continúa su curso y no forma parte de este cierre.

Por su parte, Ingaramo también confirmó el cierre del conflicto entre las empresas. “Quiero informarle a mi gente que hemos terminado el conflicto entre las dos empresas, se selló un acuerdo y las partes están conformes”, expresó. Además, agradeció el accionar judicial: “Agradecer a la provincia de La Pampa que en tiempo récord y en el mes de enero pudimos destrabar todo este tema”.