Dos semanas antes de tener que dejar el poder, este 7 de febrero, el consejo presidencial de transición de Haití anunció haber votado destituir al primer ministro en funciones, Alix Didier Fils–Aimé, un movimiento llamativo para un órgano que pretendía llevar estabilidad a un país cuya crisis perpetua se agravó profundamente desde el asesinato en 2021 de su último presidente electo, Jovenel Moïse.

A última hora el mismo día, el gobierno de Estados Unidos señaló en un comunicado que mantener a Fils–Aimé en el cargo era “fundamental” para los esfuerzos de Haití por superar el azote de las pandillas criminales que aterrorizan a la población, y advirtió que Washington “tomará las medidas apropiadas” contra cualquier intento de desestabilización en el país caribeño.

“Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”, dijo el presidente norteamericano, Donald Trump, una semana antes de capturar al entonces mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y casi cuatro meses después de haber iniciado el mayor despliegue militar norteamericano en el caribe desde 1989.

El miércoles, el Comando Sur de Estados Unidos –conocido como Southcom– anunció la movilización de tres buques a las costas de Haití.

“Violencia e inseguridad generalizadas”

“Un Guernica moderno, a sólo cuatro horas de vuelo”, dijo Laurent Saint-Cyr, líder del consejo presidencial de transición, en su presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el septiembre pasado para describir la actual situación del país caribeño.

La triste analogía responde a la imagen de las masacres perpetradas por las pandillas, que no sólo controlan el 90% de la capital de Haití, Puerto Príncipe, sino que en los últimos seis meses se han expandido con una velocidad inusitada hacia el centro y el norte del país.

“Las pandillas funcionan hoy en día bajo una coalición, Viv Ansam, que significa ‘Vivir Juntos’. Dentro de esta coalición, cada pandilla tiene la libertad de administrar su territorio como quiere, pero ponen en común recursos y contactos, sobre todo para comprar armas”, dijo a LA NACION Romain Le Cour Grandmaison, Jefe del Observatorio de Haití del Global Initiative against Transnational Organized Crime.

La cara visible de esta asociación de pandillas es Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue (Barbacoa, en inglés), “una especie de vocero de la coalición”, según el experto.

El expolicía, ahora considerado uno de los más sanguinarios y poderosos líderes criminales de Haití, es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, según Estados Unidos y la ONU, y se le atribuye estar detrás de numerosos asesinatos, secuestros y atentados contra infraestructuras en el país.

Desde principios de 2024, cuando las bandas obligaron a dimitir al entonces primer ministro, Ariel Henry, la situación no hizo más que empeorar.

Más de 8100 asesinatos fueron registrados en todo el país entre enero y noviembre del año pasado, “con cifras probablemente subestimadas debido al acceso limitado a zonas controladas por las bandas”, según un reporte de la ONU.

En paralelo, según el informe más reciente de Médicos Sin Fronteras (MSF), el número de casos de abuso sexual atendidos en una clínica de la organización en Puerto Príncipe se triplicó en los últimos cuatro años.

MSF indicó que la violencia sexual y de género se está “utilizando sistemáticamente para aterrorizar a la población, impactando desproporcionadamente a mujeres y niñas”, insistiendo en que este pico de casos ocurre en un contexto en el que “las infraestructuras, los servicios públicos y las condiciones de vida” en el país caribeño “se han deteriorado drásticamente en medio de violencia e inseguridad generalizadas”.

Este nivel de caos endémico y fragilidad política explicarían, según Le Cour Grandmaison, las recientes advertencias norteamericanas.

“Dentro de la doctrina clásica de Estados Unidos, Haití cae en un espacio estratégico. Básicamente, todo lo que está a menos de 2 horas de Miami es interés estratégico nacional, y siempre está la idea de que el Caribe no puede ser un polo de inestabilidad o de amenaza para Estados Unidos”, dijo a este medio.

A su vez, según el experto, el interés norteamericano por estabilizar el país caribeño sería un intento de disminuir los riesgos de que aumenten los flujos migratorios hacia Estados Unidos, una de las principales problemáticas alrededor de las cuales Trump construyó su agenda, tanto en su primer mandato como en el actual.

La influencia de Washington

“No es un secreto que Estados Unidos está muy involucrado en la política haitiana y, de hecho, esta no se mueve del todo sin la aprobación de Washington”, dijo Le Cour Grandmaison.

Según el experto, desde que Estados Unidos invadió y ocupó durante 35 años el país caribeño a principios del siglo XX, la injerencia norteamericana en Haití ha sido una constante, que en el último tiempo se ha manifestado de dos formas indirectas.

El año pasado, The Associated Press (AP) informó que Vectus Global, la firma de seguridad del exmiembro de la fuerza especial SEAL de Estados Unidos y conocido de Trump, Erik Prince, esperaba desplegar cerca de 200 efectivos en Haití como parte de un acuerdo de un año para intentar controlar los niveles de violencia en el país.

En junio, Fritz Alphonse Jean, entonces líder del consejo presidencial de transición, confirmó que el gobierno estaba utilizando contratistas extranjeros para realizar ataques con drones dirigidos a presuntos miembros de pandillas, pero se negó a identificar la firma o decir cuánto dinero suponía el acuerdo, manteniendo la opacidad de las acciones del grupo.

“Sabemos que están. Sabemos que están entrenando a una parte de la policía haitiana. Sabemos que apoyan los operativos con el uso de drones y helicópteros. Pero no sabemos cuántos son, de dónde son, dónde viven y no conocemos el reglamento bajo el que operan. Nunca nadie publicó el contrato que los liga con el gobierno de Haití”, explicó Le Cour Grandmaison.

Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los operativos de la empresa privada mataron a más de 970 personas de marzo a diciembre del año pasado, incluidos 39 civiles, 16 de ellos chicos.

Por otro lado, una misión impulsada por Washington, respaldada por la ONU y liderada por policías kenianos también lanzó el año pasado operaciones en Haití, igualmente destinadas a ayudar a la policía local a luchar contra las pandillas.

El Consejo de Seguridad de la ONU había autorizado en 2023 la creación de la Misión Multinacional de Seguridad (MMAS), pero a partir de una resolución copatrocinada por Estados Unidos y Panamá, el consejo votó en 2025 para autorizar una fuerza internacional mucho más grande, de 5550 miembros, conocida como la “Fuerza de Supresión de Pandillas”.

La fuerza internacional, cuyos miembros, estructura y forma de operatividad aún no están claros, cuenta con la potestad para detener a presuntos miembros de las bandas criminales, algo que la misión anterior no tenía permitido.

De este modo, Estados Unidos busca aprovechar la disposición de otros países de hacerse cargo de los operativos en Haití para evitar poner botas propias en el terreno. Al menos por ahora.

Qué pasa ahora

“Contrariamente a Venezuela, que representa una fuente de riquezas para Estados Unidos, Haití es más una fuente de problemas”, consideró Diego Da Rin, analista de Haití para el International Crisis Group, en diálogo con LA NACION.

Puso en dudas así la probabilidad de una incursión norteamericana en el territorio caribeño, estimando que más allá de las amenazas, es esperable que el gobierno de Trump continúe intentando influir en el devenir de Haití de forma indirecta, o utilizando la medida que más ha aplicado hasta el momento, las sanciones.

Lo que sí está claro para el experto, no obstante, es que la particular insistencia en mantener al actual primer ministro en su lugar, y las advertencias en las que esta se hizo patente, no es casual.

Si el principal objetivo del gobierno de Trump en Haití es estabilizar el país, “quien asegura para Estados Unidos esta estabilidad y continuidad es el actual primer ministro [Fils–Aimé]”, dijo Da Rin.

Esta predilección, según el experto, está relacionada con el buen vínculo que tiene el primer ministro con el jefe de la policía haitiana, algo poco habitual en las dinámicas internas del país, y con el hecho de ser quien dirige el grupo de tareas de fuerzas haitianas asistido por la compañía privada de Prince.

Aunque la destitución del primer ministro fue anunciada públicamente, Da Rin aseguró que esta “no se llevó a cabo”, recordando que aquel fue el cuarto intento infructuoso de destituir al premier.

Según el experto, miembros del consejo presidencial de transición han buscado sustituir al mandatario desde agosto, pero la presión internacional –encabezada por Estados Unidos– ha bloqueado todos los intentos por medio de mensaje públicos difundidos por redes sociales y a través de contactos privados vía llamadas y correos electrónicos.

Por ende, vaticinó el experto, “lo más probable, en un primer momento, es que el primer ministro sea el único que quede al mando después del 7 de febrero”.

Por ahora, parece certero que los miembros del consejo recibieron el ultimátum norteamericano y están dispuestos a dar un paso al costado. “Entienden que el mandato del Consejo Presidencial se acaba y que ellos tienen que irse”, según Da Rin. Lo que falta es que se establezca algún tipo de consenso sobre qué estructura gubernamental va a reemplazar al consejo.

Sin embargo, Da Rin no pareció muy esperanzado en ver que este objetivo se logre en el futuro cercano: “La verdad es que las discusiones entre los grupos políticos en este momento no están girando en torno a como establecer una estructura de gobierno eficaz, que permita avanzar en las dos principales prioridades que son restablecer la seguridad y organizar las elecciones, sino más bien en como se reparten la torta”.