Pasear a un perro sin correa en la Ciudad de México podría salir mucho más caro si se aprueba una nueva iniciativa en el Congreso capitalino. La propuesta busca endurecer las sanciones contra quienes saquen a sus animales de compañía sin medidas de seguridad adecuadas, incluidas multas más altas, trabajo comunitario y hasta arresto administrativo, según un comunicado oficial.
La iniciativa fue presentada por la diputada del PAN Olivia Garza de los Santos durante una sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México. Según explicó la legisladora, el objetivo es reclasificar la falta dentro de la Ley de Cultura Cívica para aumentar las sanciones y hacerlas más efectivas como mecanismo de disuasión.
De acuerdo con el Congreso capitalino, la reforma busca elevar la infracción por conducir animales sin medidas de seguridad a una categoría tipo C. Esto implicaría sanciones de entre 21 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), arresto administrativo de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas. “La sanción debe ser proporcional al riesgo que se genera”, explicó Garza de los Santos al presentar la iniciativa desde la tribuna legislativa.
La ley ya exige correa, pero la sanción podría endurecerse
Actualmente, la Ley de Cultura Cívica ya establece que los perros deben pasearse con correa y medidas de seguridad acordes a sus características. Permitir que un animal circule libremente o no controlarlo se considera una infracción contra la seguridad ciudadana.
Sin embargo, hoy esta conducta está clasificada como una infracción tipo B. Eso significa que puede sancionarse con una multa equivalente de 11 a 40 UMA, arresto de 13 a 24 horas o trabajo comunitario de seis a 12 horas. La propuesta busca modificar el artículo 32 de la ley para reclasificar la conducta y elevar el mínimo de sanción. Según la diputada, las penalizaciones actuales no han logrado desincentivar la práctica de sacar a los perros sin control en parques, calles o plazas públicas.
Durante la presentación de la iniciativa también se subrayó que la reforma no pretende criminalizar a quienes tienen animales de compañía, sino reforzar la responsabilidad de sus tutores y proteger a quienes comparten el espacio público. “La tutela responsable de los animales no es opcional”, señaló Garza de los Santos.
Una ciudad donde las mascotas son cada vez más comunes
La discusión ocurre en un contexto donde las mascotas son parte cada vez más habitual de los hogares mexicanos. Según la Primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021, 73.4% de la población adulta en México vive con al menos un animal de compañía.
En la Ciudad de México, la proporción es menor, pero aún relevante: 61.4% de los hogares reporta convivir con mascotas, de acuerdo con datos citados en la iniciativa legislativa. Los perros dominan claramente esta categoría. El INEGI estima que en México hay cerca de 43 millones 800 mil perros en los hogares del país, lo que los convierte en el animal de compañía más común.
Este crecimiento también ha llevado a que la interacción entre personas y mascotas sea cotidiana en espacios públicos como parques, plazas o zonas pet friendly.
El contexto: agresiones, ataques y responsabilidad de los dueños
El debate sobre el control de los perros en espacios públicos también está relacionado con temas de seguridad y salud pública. De acuerdo con datos citados en distintos reportes epidemiológicos, las agresiones de perros representan un problema relevante en México. El Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades señala que en el país se registran en promedio alrededor de 70 mil ataques de perros cada año.
Además, investigaciones académicas sobre tenencia responsable en la Ciudad de México han señalado que una parte importante de los dueños no utiliza correa al pasear a sus animales. Un estudio publicado en la revista Salud Pública de México encontró que cerca del 37.6% de los perros observados en parques no usaban correa una vez que llegaban a estos espacios, lo que incrementa el riesgo de agresiones y accidentes.
Por su parte, la propuesta no ha sido aprobada. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso de la Ciudad de México, donde será analizada antes de que pueda avanzar en el proceso legislativo.
