El fiscal que había pedido “amurallar la frontera caliente” reconoció que favoreció a narcos y evitó ir a prisión

Hace diez años, el fiscal federal José Luis Bruno había pedido "amurallar la frontera caliente” entre Salta y Bolivia como paliativo para intentar frenar el contrabando de drogas y la trata de personas. Pero ocultaba un secreto. En las últimas horas, para evitar ir a prisión, en un acuerdo de juicio abreviado reconoció que benefició a capos narcos durante su gestión en Orán.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Ahora, el acuerdo de juicio abreviado por el que Bruno recibiría una pena de tres años de prisión en suspenso, debe ser homologado por un tribunal.

“Con la firma del acuerdo de juicio abreviado, Bruno presentó su renuncia como fiscal”, dijeron las fuentes consultas.

Bruno, de 67 años, estaba a cargo de la Fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, con jurisdicción en la “puerta de entrada de los grandes cargamentos de cocaína”, una zona caliente del tráfico de drogas y del contrabando en general. Había sido suspendido a mediado de 2024.

El ahora exfiscal llegó a la etapa de juicio acusado de delitos como prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según el expediente judicial en el que intervinieron Eduardo Villalba, fiscal coordinador del Distrito Salta; Carlos Amad, fiscal general a cargo del Área de Transición, y Diego Iglesias, fiscal federal que conduce la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

En la audiencia donde se firmó el acuerdo de juicio abreviado, los acusadores públicos le preguntaron al imputado si había prestado atención y comprendido con “claridad el relato de los hechos que surgen del requerimiento de elevación a a la etapa de debate” y por el que en definitiva se requerirá imposición de pena. Bruno respondió afirmativamente.

“El imputado dijo que entendía y reconocía todo lo informado. Brindó su libre consentimiento para la celebración del acuerdo de juicio abreviado. De esta manera renunció al derecho ser juzgado en un amplio debate oral y público”, dijeron fuentes judiciales al tanto de la audiencia.

Bruno fue acusado, entre otras cuestiones, de “consentir diferentes beneficios procesales otorgados ilegítimamente a la organización narcocriminal liderada por René Antonio Arancibia [conocido por el apodo de Choco] por parte del exjuez federal Raúl Reynoso, quien presuntamente realizó dicha actividad a cambio del cobro de dádivas, que ascendían a 150.000 dólares”, según se desprende del expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION.

El pago de los 150.000 dólares, siempre según la causa judicial, habría sido pagado por Choco Arancibia, por medio de Barakat Barakat, un comerciante de origen sirio. El dinero habría sido recibido por Arsenio Gaona, cuñado del exjuez Reynoso.

Barakat Barakat y Arancibia ya habían llegado a un acuerdo de juicio abreviado por el delito de cohecho.

Como explicó el sitio de noticias sobre crimen organizado y narcotráfico Encripdata.com, “Arancibia admitió su responsabilidad penal como organizador y financista de una operación fallida de 93 kilos de cocaína desde Bolivia hacia y también como autor de cohecho activo, es decir, el pago de 150.000 mil dólares, según él, repartidos entre Reynoso y Bruno”.

Reynoso, de 67 años, fue uno de los jueces más poderosos del país. Durante una década tuvo a su cargo el Juzgado Federal de San Román de la Nueva Orán. En 2019 fue condenado a la pena de 13 años de cárcel como jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero y obtenía bienes a cambio de favorecer a los narcos imputados en distintos expedientes judiciales.

El año pasado, Reynoso volvió a ser condenado. En esa oportunidad la sentencia fue a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo, en concurso real con falsedad ideológica de documento público y concusión.

Se trató de una investigación donde resultó beneficiado Delfín Castedo, conocido como el Patrón del Norte.

Reynoso, según la Justicia, simuló haberle tomado declaración indagatoria a Castedo cuando tenía pedido de captura. En el Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán, que durante poco más de una década estuvo a su cargo, se presentó un “doble” del capo narco.

También fue condenado Castedo a una pena de tres años de prisión, en calidad de coautor del delito de cohecho activo, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público en calidad de partícipe necesario.

Reynoso también está imputado en la causa que derivó en la aceptación por parte de Bruno de una condena en juicio abreviado. A diferencia del ahora exfiscal federal de Orán, el magistrado que se mostraba como paladín de la lucha contra el narcotráfico habría decidido llegar a juicio para definir su suerte ante un tribunal.

Inacción

Según se explicó en el requerimiento de elevación a juicio de la causa contra Bruno, “la serie de actos procesales que aquí se imputan y que configuran graves omisiones funcionales, permiten vislumbrar la existencia de un direccionamiento en la instrucción del caso, fundamentalmente para justificar la libertad provisoria de Arancibia. Estas resoluciones de mérito, que aquí se imputan a los magistrados, ya sea por suscribirlas y/o consentirlas, resultan ilegales, habida cuenta la deliberada omisión de considerar la prueba de cargo agregada válidamente al expediente. Asimismo, también se observa la incorrecta aplicación de la ley penal, al considerarse al objeto procesal como un simple transporte de estupefacientes, y al jefe de la estructura narcocriminal como un mero partícipe secundario, cuando en verdad era protagonista de la maniobra”.

Y se agregó que “para ello se emplearon frases dogmáticas, sin sentido, y la formulación de mendaces consideraciones, con las cuales se torció la verdad, en franca contradicción con las pruebas de la causa, y a fin de otorgar beneficios procesales ilegítimos”.

Sobre Bruno, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron: “Tales beneficios procesales contaron con la inacción de Bruno, quien, como titular de la acción pública, no ejerció el debido control, ni la vía impugnativa correspondiente, habilitando de esta forma que una importante causa de narcotráfico quedara prácticamente desactivada, a la espera de la prescripción”.

Como se dijo, hace más de diez años, en octubre de 2015, Bruno había pedido amurallar la frontera con Bolivia, mensaje que tuvo fuerte repercusión pública y que posicionó al entonces fiscal como uno de los referentes de la lucha contra el narcotráfico.

“La zona permite hacer un muchos negocios ilegales. Solicitamos la construcción de un murallón que sirva para encauzar el caudal del río Bermejo y, de paso, sea un obstáculo más para los contrabandistas”, agregó el fiscal federal.En la frontera no sólo hay tráficos de drogas, también hay contrabando de divisas y de personas”, había dicho a LA NACION en su despacho de la Fiscalía Federal de Orán.

En esos momentos no solo se hablaba de la cocaína que pasaba por la frontera desde Bolivia. El crimen organizado se había instalado con sicarios, tal como lo expusieron un triple homicidio en Acambuco y un doble homicidio en Tartagal, sobre la ruta 9.

“La droga va por todos. Los narcotraficantes utilizan todos los pasos no habilitados posibles”, sostenía Bruno cuando estaba lejos de las acusaciones de beneficiar a narcotraficantes con su “inacción judicial”.

Ahora reconoció su responsabilidad penal. Los próximos pasos serán la clausura del expediente por parte del juez federal Julio Bavio y la homologación del acuerdo de juicio abreviado por parte de un tribunal.