Media sanción sin victoria: el debate del Presupuesto 2026 dejó al desnudo los límites del poder libertario

La media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó en el Gobierno una sensación ambivalente. Hubo alivio por haber logrado, después de tres años, la aprobación en general de la llamada Ley de Leyes, un hecho inédito para una gestión que gobernó dos ejercicios consecutivos con presupuestos prorrogados. Pero el rechazo del Capítulo XI transformó rápidamente ese logro en una derrota política de mayor alcance.

Con la CGT en la Plaza, el Gobierno activó una mesa política para reordenar su agenda legislativa

Es que no se trató solo de la caída de un apartado sensible, sino de un revés que atravesó a todo el oficialismo y dejó afuera el corazón fiscal del proyecto, incluso después de que la Casa Rosada desplegara, como pocas veces desde la llegada de Javier Milei al poder, todo su arsenal de negociación con gobernadores y aliados.

En el entorno presidencial, la evaluación fue inmediata y tajante: el Presupuesto que salió de Diputados “no sirve”. No como diagnóstico técnico ni como objeción reglamentaria, sino como definición política. La exclusión del artículo 75, que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, sostienen, vulnera el principio de equilibrio fiscal y obliga al Ejecutivo a administrar un esquema de gasto incompatible con el superávit que Milei convirtió en eje identitario de su gobierno. Para el Presidente, no se trata de un matiz: lo considera una alteración directa de su mandato electoral.

El contraste con las horas previas a la sesión profundizó el golpe. Durante diciembre, el Gobierno había abierto el grifo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como pocas veces en la historia reciente. Más de 65 mil millones de pesos enviados en apenas dos semanas a provincias consideradas claves para destrabar la discusión presupuestaria. Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta encabezaron la lista. El mensaje fue explícito: recursos a cambio de gobernabilidad. Sin embargo, la billetera de Luis Caputo no alcanzó.

Pases de factura

Ese esquema tuvo un impulso decisivo con la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior. El “Colo” asumió el vínculo político con las provincias bajo una premisa clara: sin incentivos concretos no hay disciplina parlamentaria. En pocas semanas multiplicó reuniones, habilitó acuerdos sectoriales, avaló endeudamientos y escuchó reclamos largamente repetidos. El objetivo era blindar el Presupuesto y evitar sorpresas en el recinto. Tras la votación, ese diagnóstico quedó bajo revisión.

El oficialismo había llegado a la sesión del miércoles confiado. Sabía que el artículo que derogaba las emergencias era el punto más frágil del proyecto, pero apostó a forzar su aprobación mediante una votación por capítulos. La estrategia falló. El Capítulo XI cayó por 123 votos contra 117, con dos abstenciones, y dejó al descubierto una paradoja incómoda: incluso con ATN récord, acuerdos bilaterales y concesiones acumuladas, el Gobierno no logró imponer su núcleo fiscal cuando el ajuste tocó áreas de altísimo costo político y social.

En Balcarce 50, la bronca buscó responsables. Los primeros apuntados fueron Martín Menem y su primo Eduardo “Lule” Menem. Desde un sector los responsabilizan por haber manejado mal los acuerdos con los gobernadores aliados y por haber avanzado con compromisos —como la votación de los auditores de la Auditoría General de la Nación— incluso después de que esos mismos aliados ya habían fallado en la votación clave del Presupuesto. Para sus detractores, Menem tensó innecesariamente con el PRO, debilitó el vínculo con la UCR y relegó a Provincias Unidas para sostener acuerdos que no se tradujeron en votos.

También quedaron en la mira varios gobernadores que, según la lectura oficial, “se dieron vuelta” a último momento, como Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco), además de diputados radicales y aliados que votaron en contra o se abstuvieron. Aun así, en la cúpula del Gobierno admiten que el problema excede largamente a los nombres propios.

El traspié no fue del todo sorpresivo. En la previa, hubo mandatarios que habían avisado que no acompañarían el recorte a universidades y discapacidad, un ítem que, de acuerdo los dichos de la oposición legislativa, el oficialismo “metió por la ventana”. Los radicales aliados también habían marcado límites. La Libertad Avanza decidió avanzar igual, confiado en que la billetera, la presión política y la ingeniería parlamentaria terminarían alineando voluntades. Incluso intentó un atajo: atar esos recortes a otros fondos sensibles para forzar una votación incómoda. El resultado fue el contrario: los supuestos aliados se alinearon con la oposición y el capítulo se desplomó.

Recalculando

Con el capítulo clave rechazado y la decisión de posponer el debate de la reforma laboral para febrero, el Gobierno entró en modo repliegue. Las alternativas que circularon este jueves fueron variopintas. Pero una prevaleció: si el Senado introduce los cambios que el Gobierno busca, la intención es volver a tratar el Presupuesto en Diputados el próximo 29. Si no, el menú de opciones incluye también dejar caer la iniciativa o avanzar con un veto presidencial para preservar el superávit y volver a administrar con discrecionalidad, una jugada inédita para un gobierno que impulsó la ley.

Todas las miradas se desplazan ahora a la Cámara alta, donde el oficialismo asume que el escenario no deja de ser adverso. La expectativa es lograr dictamen en comisión este mismo viernes para abrir una negociación fina y así reescribir la Ley de Leyes. Sin embargo, en la Casa Rosada reconocen que hoy no cuentan con los votos para aprobarlo con modificaciones.

En ese sentido, el rol de Patricia Bullrich aparece como central. Es ella quien debe definir el camino reglamentario para introducir los cambios y ordenar una mayoría esquiva en la Cámara alta. Puertas adentro, reconocen que los ATN no garantizan disciplinamiento automático de las provincias: hubo abstenciones clave que dejaron al descubierto que la negociación sigue abierta y que, según apuntaron a elDiarioAR desde el entorno de Diego Santilli, “todavía queda trabajo por delante”.

La Libertad Avanza comprobó esta semana que su poder de fuego tiene límites concretos. El proyecto de Presupuesto avanzó, pero su núcleo fiscal quedó afuera. Y en esa distancia quedó al desnudo una certeza que atraviesa a todo el oficialismo: esta vez no falló solo una negociación ni un operador. Fue una derrota política del gobierno entero, en un contexto de creciente conflictividad social y con una agenda legislativa que entra ahora en su tramo más delicado.

PL/CRM

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