Brasil se retira hoy de la embajada argentina en Caracas: el vacío diplomático que complica a Milei

De no mediar un anuncio de último momento, la embajada argentina en Caracas podría quedar desde hoy sin una custodia diplomática que salvaguarde su inmunidad como territorio nacional, más alá de que legalmente no pierde ese estatus como un enclave nacional en el suelo de Venezuela.

La decisión del gobierno de Brasil de abandonar su rol como país protector de la delegación argentina, sin que la Cancillería haya informado aún el traspaso de esa función a un tercer Estado, abre un escenario de alta sensibilidad política y diplomática. Todo esto ocurre en pleno proceso de acercamiento entre Washington y el Palacio de Miraflores y mientras se define la situación de decenas de detenidos, entre ellos ciudadanos argentinos.

El jueves pasado, el gobierno brasileño notificó formalmente a la Cancillería que dejaría de representar los intereses argentinos en Caracas. Esa función incluía mantener una presencia diplomática activa en el edificio, custodiar sus bienes y oficiar como interlocutor ante los canales institucionales que el gobierno de Javier Milei decidió cerrar con la entonces administración de Nicolás Maduro tras la ruptura de relaciones bilaterales hace casi un año y medio.

En la comunicación oficial, Brasil informó que cesaría en sus funciones en el plazo de una semana. Ese lapso se cumple hoy, jueves 15 de enero, y hasta anoche no se había recibido una notificación formal sobre el traspaso de esas responsabilidades a otro país con representación en Venezuela. Tampoco hubo, según pudo reconstruir El Cronista, un pedido de prórroga para que Brasil extendiera su rol de custodia.

La decisión de Luiz Inácio Lula da Silva de dar marcha atrás con el compromiso asumido generó malestar en la Casa Rosada. Tal como consignó este medio durante la semana, fuentes del Gobierno lo interpretaron como “una nueva señal donde se muestra que Lula pondera sus anteojeras ideológicas antes que el bienestar de la región”.

Desde Brasil, en cambio, voceros de la administración del Partido de los Trabajadores vincularon la medida al posicionamiento del gobierno de Milei a favor de la operación militar en Venezuela que culminó con la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Brasil, al igual que México, Colombia y Uruguay, condenó la violación del derecho internacional que implicó esa incursión unilateral de la Casa Blanca, a contramano de la Argentina.

Ese mismo fin de semana, Colombia impulsó una cumbre de cancilleres de la Celac para consensuar una condena regional. Sin embargo, la Argentina, junto con otros países alineados con Donald Trump como Ecuador y Perú, bloqueó el acuerdo necesario para emitir un comunicado conjunto. La misma postura adoptó luego Buenos Aires en el Consejo de Seguridad de la ONU y en el Consejo Permanente de la OEA.

Esa distorsión diplomática habría sido determinante para que Brasil abandonara la representación protocolar de la Argentina en Caracas, una función que históricamente había asumido en contextos de ruptura, como ocurrió con el Reino Unido tras la Guerra de Malvinas, hasta el restablecimiento de las relaciones bilaterales en los años ’90.

Según trascendió desde la Rosada, el Gobierno siguió de cerca en los últimos días la posibilidad de que Italia asuma ese rol. El interés no es casual: Roma aparece como un actor clave en las gestiones por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 en Venezuela. El embajador italiano en Caracas venía reclamando desde hace meses la liberación de ciudadanos de su país, dos de los cuales recuperaron la libertad esta semana.

En la Casa Rosada califican el escenario como “delicado”. Si bien no descartan que Italia pueda reemplazar a Brasil, evitan confirmarlo. Hasta ayer por la tarde no había novedades formales y desde la Cancillería optaban por un prudente silencio. “Por ahora no hay mucho para decir. Nos toca una época con temas muy delicados y sensibles”, se limitaron a señalar ante las consultas de este medio.

La preocupación oficial no se limita al caso de Gallo. En los últimos días también se conoció la situación del abogado Germán Giuliani, detenido en Venezuela, y este lunes recuperó su libertad un tercer preso de nacionalidad israelí-argentina. Se trata de Yaacob Harari, de 72 años, quien había sido detenido en octubre de 2024 y se encontraba alojado en el penal de El Rodeo, el mismo donde se presume que permanece el gendarme argentino.

Desde Cancillería no hay confirmación oficial sobre el número total de argentinos en condiciones similares. En el Gobierno descuentan que podrían aparecer nuevos casos con el correr de los días. La salida de Brasil agrava ese cuadro: la Argentina pierde un canal formal para realizar gestiones diplomáticas y humanitarias ante el gobierno venezolano. La paradoja es que ese vacío se produce mientras Donald Trump reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez y avanza en la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas con Caracas.

Desde 2024, la administración libertaria reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Tras la incursión militar, incluso lo ratificó como “el verdadero presidente”. Sin embargo, Washington dio un giro inesperado de 180 grados y reconoció a la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, como jefa de Estado e interlocutora en el proceso de diálogo político.

El Gobierno argentino debió volver sobre sus pasos, apelando al argumento de la inviabilidad de un llamado a elecciones bajo las actuales condiciones, y ratificando que la única línea válida en el conflicto es la que fija Washington. Reabrir la embajada y restablecer los lazos diplomáticos con Venezuela implicaría, de hecho, reconocer desde el punto de vista estatal al gobierno de Delcy Rodríguez, aunque en la retórica política se diga lo opuesto.

La reunión la semana pasada en Casa Rosada con Elisa Trotta, representante de la oposición antichavista en Argentina, no fue una iniciativa oficial sino un pedido canalizado por la dirigente venezolana a través de la diputada libertaria Sabrina Ajmechet. El mensaje que le transmitieron fue el mismo que difunde hoy la Casa Blanca: Venezuela es un proceso de largo aliento

En agosto de 2024, la administración Milei había dado un paso más allá que el gobierno de Mauricio Macri, que había tenido su propia confrontación regional con el chavismo y llegó a reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente encargado en un juego de pinzas con Estados Unidos y el Grupo de Lima.

No obstante, Cambiemos nunca rompió relaciones diplomáticas con Venezuela para no dejar sin representación consular a las y los argentinos en el país y los intereses económicos vigentes. Durante ese período, la embajada argentina continuó operando con un encargado de negocios -un escalafón de segundo grado en el organigrama diplomático- y una dotación reducida.

Cuando Milei formalizó la ruptura con Maduro para alinearse con la postura de Washington en aquel momento, aún permanecían en la embajada un grupo de opositores venezolanos asilados, que denunciaban hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad locales. De allí la urgencia por encontrar un tercer país dispuesto a sostener el vínculo político con Miraflores, garantizar la protección de los asilados y tramitar un eventual salvoconducto.

Desde la Cancillería recordaban entonces que, según el artículo 19 de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, los seis opositores debían retirarse junto al personal de la embajada. De no ser posible “por motivos ajenos a la voluntad de los asilados o del agente diplomático, deberá éste entregarlos a la representación de un tercer Estado Parte en esta Convención, con las garantías establecidas en ella”, frente a lo cual “el Estado territorial deberá respetar dicho asilo”.

En ese contexto, las alternativas del Gobierno se reducían a un puñado de países con los que ya existían tensiones políticas, como Brasil y México. Junto con la Argentina, también abandonaron Caracas las misiones diplomáticas de Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Al final, los asilados pudieron abandonar el edificio con el correr de los meses y a través de un operativo sigiloso en el que se dice que participó Estados Unidos.