La administración del presidente Donald Trump analiza una iniciativa que obligaría a los bancos en EE.UU. a solicitar pruebas de ciudadanía a todos sus clientes, además de los datos de identificación que ya requieren actualmente, una medida que podría impactar directamente a la comunidad migrante.
De acuerdo con CNN, el gobierno evalúa que las instituciones financieras verifiquen la ciudadanía de clientes actuales y futuros como parte de su política migratoria más estricta.
La medida podría implementarse mediante un decreto y exigir documentos como pasaporte estadounidense u otras pruebas formales de ciudadanía.
De acuerdo con The Wall Street Journal, la propuesta no solo aplicaría a quienes busquen abrir nuevas cuentas, sino también a las existentes, lo que implicaría revisar millones de registros bancarios en todo el país.
No obstante, una fuente citada por CNN señaló que el plan no está definido y que se siguen evaluando alternativas y fundamentos legales.
De concretarse la propuesta, representaría un giro en las reglas actuales del sistema financiero estadounidense. Actualmente, los bancos operan bajo normas federales enfocadas en prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, lo que implica verificar la identidad y, en algunos casos, el domicilio de sus clientes.
Sin embargo, no existe una prohibición federal que impida a personas sin ciudadanía o sin estatus migratorio legal abrir cuentas bancarias.
Muchas instituciones aceptan documentos como el ITIN o pasaportes extranjeros, y actualmente no recopilan ni verifican el estatus migratorio de sus clientes. Fuentes del sector financiero advirtieron a CNN que exigir esa verificación sería operativamente complejo.
Según informó Univision, organizaciones defensoras de migrantes han expresado preocupación ante la posibilidad de que esta medida limite el acceso a servicios financieros básicos, como recibir salarios, pagar facturas o ahorrar dinero.
Representantes de bancos también han manifestado inquietudes logísticas, calificando la eventual implementación como una carga administrativa significativa. Además, CNN reportó que empleados del sector temen que la disposición los involucre indirectamente en políticas de control migratorio.
Además, especialistas en regulación financiera advierten que una orden de este tipo podría enfrentar desafíos legales por posibles conflictos con leyes federales de privacidad y normas antidiscriminatorias.
También señalan que imponer la verificación de ciudadanía como requisito bancario podría generar demandas judiciales por parte de organizaciones civiles y defensores de los derechos de inmigrantes, lo que abriría un nuevo frente legal para la administración.
Por otro lado, analistas económicos sostienen que restringir el acceso al sistema bancario podría tener efectos secundarios en la economía local, ya que muchas personas migrantes participan activamente en el mercado laboral y en el consumo diario.

