8M: La deuda de la seguridad social y el “impuesto” de ser mujer

Médico especialista, analista en temas de salud.

El INEGI publicó esta semana los resultados del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) 2016-2024, y entre sus cifras hay una que debería incomodar a cualquiera dentro del marco del Día Internacional de la Mujer (8M). En ocho años, el acceso a servicios de salud en México cayó de 84.4% a 65.8%. Hoy, uno de cada tres mexicanos carece de cobertura médica y las mujeres llevan la peor parte.

Este 2026, los datos del INEGI nos presentan una paradoja dolorosa: mientras la pobreza multidimensional ha bajado a mínimos históricos, las brechas de género en salud y seguridad social parecen haberse estancado en un nudo estructural que el Estado mexicano aún no logra desatar.

Hablemos del IMSS ordinario, la columna vertebral de la protección social en México. Los datos son fríos pero reveladores: por cada 100 hombres registrados con un puesto de trabajo formal, hay apenas 68 mujeres. Esta cifra no es solo un dato estadístico; es el reflejo de una exclusión sistemática. Las mujeres siguen concentradas desproporcionadamente en ocupaciones informales y de cuidados, sectores donde la afiliación es una quimera y los derechos son inexistentes.

El SIDS revela que apenas 50.7% de los derechohabientes recibió servicios preventivos en instituciones públicas de salud en 2024. Esto significa que incluso dentro del IMSS, la mitad de las mujeres aseguradas no accede a detección oportuna de cáncer cervicouterino o mamario, o bien, a una atención prenatal de calidad, ni a servicios de planificación familiar.

La penalización de la maternidad

El punto más crítico de esta desigualdad es lo que en políticas públicas se conoce como “la penalización por maternidad”, la cual se refiere a las desventajas económicas y profesionales que enfrentan las mujeres trabajadoras tras convertirse en madres.

El SIDS 2024 documenta que la brecha de participación económica entre mujeres con hijos y sin hijos es de 18 puntos porcentuales. Lo más grave es que esta cifra es idéntica a la de hace ocho años. Es decir, en casi una década, no ha movido el dato.

Cuando una mujer sale del mercado formal para cuidar, no solo pierde su ingreso presente. Pierde su derechohabiencia directa en el IMSS, interrumpe sus semanas de cotización y compromete su futuro. El resultado es un ciclo de desprotección que culmina en una vejez precaria: el 96.7% de las mujeres indígenas rurales nunca ha cotizado a la seguridad social. Estamos construyendo un sistema que castiga la reproducción de la vida.

Brechas que matan

La desigualdad en el acceso a instituciones públicas de salud tiene consecuencias fatales. La mortalidad materna, el indicador más crudo de la eficiencia de un sistema de salud, sufrió un retroceso alarmante al pasar de 47.3 muertes por cada 100 mil nacidos vivos en 2018 a 72.4 en 2022. Esta reversión coincide con la fragmentación del sistema y la saturación de servicios que afecta, sobre todo, a quienes no tienen seguridad social y dependen de un sistema público inconexo.

De acuerdo con la revista The Lancet y el Journal of Global Health la cobertura efectiva de salud materna para mujeres indígenas fue de apenas 18.3% entre 2009 y 2023, frente a 25.3% para no indígenas, mientras que los resultados del SIDS 2016-2024 arrojan que, en Chiapas, solo 36.7% de la población tiene acceso efectivo a salud; en Oaxaca, 75.2% no llega a un hospital en menos de dos horas. Las mujeres del sur del país mueren por falta de caminos, no solo de hospitales.

¿Hacia dónde ir?

Es justo reconocer avances. Donde hubo política focalizada, los números se movieron: las pensiones no contributivas para adultos mayores pasaron de 32.6% a 40.1% entre 2016 y 2024. Pero donde no la hubo -que fue en salud-, el retroceso fue importante: la cobertura de salud cayó casi 19 puntos en el mismo periodo. La lección es incómoda pero clara: los derechos sociales no avanzan por inercia. Avanzan donde se invierte y retroceden donde se abandona.

Necesitamos pasar de las reformas en papel a los pesos en el presupuesto. El Sistema Nacional de Cuidados no puede ser un buen deseo; debe ser una infraestructura real que permita a las mujeres regresar al mercado formal sin elegir entre su carrera y su familia. Asimismo, es urgente revisar las semanas mínimas de cotización, reconociendo los periodos de cuidado como tiempo laborado, para que la seguridad social deje de ser un privilegio de género.

El 8M de 2026 nos recuerda que la salud y la seguridad social en México siguen teniendo rostro de hombre, mientras el costo de sostener la vida lo siguen pagando, con su tiempo y su salud, las mujeres, a pesar de la ternura y el cuidado con que sostienen la vida cotidiana.

Red social X: @doclira1