El último gran cambio que ha habido en temas de concesiones aeroportuarias fue cuando entró en vigor el tratado comercial, que hizo que se tuvieran que hacer modificaciones para permitir la operación de líneas aéreas de Canadá y Estados Unidos en igualdad de circunstancias con las líneas mexicanas; desde luego también se hicieron ajustes a las operaciones de los taxis concesionados en la zona federal, lo cual a la fecha no ha cambiado.
Los taxis de aeropuertos son siempre más caros, pero existen reglas claras en diversos países de cuánto se cobra por ir o salir de los mismos, tarifas fijas a la que cualquier transporte de taxi de la ciudad puede entrar sin problema; con la llegada del transporte de aplicación, en lugar de confrontarse, en los principales aeropuertos de Estados Unidos se designaron lugares establecidos en los grandes estacionamientos con que cuentan, para que los viajeros puedan abordar el transporte, sin que nadie ni nada lo impida; el viajero decide si hace fila y toma un taxi del aeropuerto, pide su Uber, Didi o Lyft o se va en transporte público, porque hay el libre mercado.
En el caso de México, desde hace tiempo, la ex Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) hoy Comisión Antimopolios que lleva Andrea Marván ya había puesto la atención en el tema de prácticas monopólicas, ya que sólo los taxis concesionados pueden operar ahí.
A unos meses del Mundial, con las demandas de los taxis concesionados en el Aeropuerto de la Ciudad de México que tiene al frente a Juan José Padilla Olmos, que piden que se respete lo que pagan en la concesión por poder operar en “exclusividad” en la zona federal, tienen toda la razón de exigir se les cumpla ante la competencia “desleal” que se genera con la entrada de los autos de aplicación, que dicho sea de paso, tampoco son los mejores en cuanto a calidad de servicio. Ya que desde que entró Uber ha decaído notablemente sus estándares: autos en mal estado y viejos, incluidos los Black, que si se comparan frente a los taxis del aeropuerto, la diferencia es notable, y sí son mejor los del aeropuerto, pero aquí entra el punto diferencial: el costo del servicio, la decisión del cliente a elegir cómo moverse y cuánto pagar por ello.
En los tiempos actuales, muchos se preguntan si las concesiones siguen siendo una alternativa; en los aeropuertos dirán que sí, ya que al licitarse son una fuente de ingresos importantes, aun cuando algunos sitios de taxis tengan adeudos, pero en el tema del libre mercado, los derechos de los consumidores a elegir lo que les conviene a su bolsillo y los derechos de los taxis concesionados que pagan por dar ese servicio, son temas que deben ya tratarse, e incluso en el sexenio pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le propuso a los taxis concesionados darle el permiso de regresar con pasaje para que tuvieran un ingreso, pero no se concretó, quizás el actual titular Jesús Esteva recupere el tema, pero lo que sí es un hecho es que los tiempos han cambiado, ¿alguien se atreverá a dar el primer paso para concretar un cambio verdadero?
Los datos más recientes publicados por el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), que encabeza Graciela Márquez Colín, sobre las líneas de pobreza correspondientes a febrero pasado, ofrecen una señal relevante para entender la economía mexicana desde la base del consumo.
La línea de pobreza extrema —el ingreso para adquirir únicamente la canasta alimentaria— se ubicó en dos mil 516.97 pesos por persona en el ámbito urbano. Si se incluyen bienes y servicios esenciales, la línea de pobreza asciende a cuatro mil 877.87 pesos en las ciudades, mucho más de lo que los datos de la canasta básica que se promociona. Esto traducido al nivel de los hogares, una familia de cuatro integrantes necesitaría cerca de 19 mil 500 pesos mensuales para no caer en la pobreza. Estas cifras no solo describen condiciones sociales: también delimitan el piso mínimo del ingreso disponible que sostiene el consumo interno.
Esto muestra que la presión inflacionaria sigue concentrándose en los alimentos. La línea de pobreza extrema urbana aumentó 1.2 por ciento en el último mes y 6.5 por ciento en el último año.
Detrás de estos movimientos aparecen productos que influyen directamente en el gasto cotidiano, como el jitomate, el bistec de res y los alimentos consumidos fuera del hogar, la inflación sigue por arriba de la mesta establecida del banco central, y todo indica que, por el momento, ya no hay margen para seguir con la reducción de tasas.
En donde hay que poner atención es que cuando el costo de lo básico absorbe una mayor proporción del ingreso, no solo se reduce el margen de consumo, sino que también se modifican decisiones económicas de largo plazo, y así vemos a jóvenes que retrasan la independencia, parejas que posponen la formación de un hogar o una natalidad que ya se ubica alrededor de 1.8 hijos por mujer. Un cambio demográfico que también tendrá efectos sobre el crecimiento económico en las próximas décadas y sobre las inversiones, por lo que seguir las líneas de pobreza publicadas por el INEGI, no son solo un indicador social: también funcionan como una señal temprana de las presiones que enfrenta el principal motor de la economía mexicana, el consumo de los hogares.
Ya les platicaba de la importancia que tiene para toda la banca el cumplir no sólo con la regulación que en México les obliga en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que incluso hicieron sus propios ajustes para cerrar la pinza al efectivo, que lo ven ya como un tema de seguridad nacional. Justo esta semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a cargo de Edgar Amador, participa en las actividades de la visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera (GAFI), como parte del proceso de Evaluación Mutua al que es sometido el Estado mexicano en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas; revisión que hay que decirlo tiene a todos concentrados, luego de que el año pasado tres entidades financieras mexicanas –que cumplían con la regulación mexicana–, fueron acusadas por Estados Unidos de estar involucradas en actividades presuntamente con el narcotráfico, al menos en México, las autoridades financieras siempre indicaron que cumplían con la ley.
Pero ese tema tiene a los bancos pequeños con el temor de que se vuelva a repetir y cualquiera pueda ser señalado, con los efectos negativos que ya vimos, pero lo que si es un hecho, es que el tema de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es uno en los que en el último año más se han enfocado todos, y ahí también ya se ve el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con Omar Reyes Colmenares.
Por lo pronto, en los trabajos de evaluación el gobierno mexicano presentará ante el equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas, así como las acciones orientadas a fortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las políticas públicas en esta materia, ojalá los resultado sean positivos.
Los planes de expansión no se frenan, y todo indica que Home Depot que en México lleva Pepe Rodríguez seguirá creciendo las tiendas; sigue en pie el plan para llegar a unas 160 a 165 tiendas en el país en los siguientes años, y para ello el ritmo objetivo es de 5 a 9 aperturas por año, condicionado por ejecución y permisos; actualmente tienen 142 tiendas en todo el país.
Por lo pronto, la inversión en México se incrementa en 25 por ciento lo que traerá la creación de empleos formales, nada más con una economía creciendo a un ritmo menos al dos por ciento.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.


