Piden a CIDH actuar ante políticas migratorias de Trump

Una coalición de 22 organizaciones de derechos humanos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presuntas violaciones graves contra personas migrantes derivadas de la política de externalización de fronteras impulsada por Estados Unidos, que incluye deportaciones y traslados forzados hacia terceros países sin garantías de protección.

Durante la audiencia temática “Situación de las personas deportadas, expulsadas o trasladadas en el contexto de la movilidad humana”, las organizaciones advirtieron que el gobierno estadounidense ha firmado acuerdos con países de América Latina y el Caribe para trasladar a personas solicitantes de asilo fuera de su territorio, lo que, afirmaron, genera un escenario de abusos y vulneraciones a derechos humanos.

Entre los casos expuestos destacó la situación de México. Las ONG detallaron que según la documentación presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron deportadas cerca de 13,000 personas de terceras nacionalidades hacia territorio mexicano.

De ese total, 23 % eran mujeres y al menos 690 niñas, niños y adolescentes, quienes, según lo expresado, fueron entregados a autoridades mexicanas sin información clara sobre sus procesos de protección o solicitudes de asilo previas en Estados Unidos.

Además, las organizaciones señalaron que esta práctica expone a las personas migrantes a nuevas situaciones de riesgo, ya que muchos de los países receptores —incluido México— enfrentan limitaciones en infraestructura, sistemas de asilo y mecanismos de protección para atender a esta población.

Denuncias en otros países de la región

También se documentaron situaciones críticas en otros países de la región:

En El Salvador, las organizaciones denunciaron el caso de 252 jóvenes venezolanos que fueron deportados bajo engaños y posteriormente recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde habrían permanecido más de cuatro meses incomunicados y sometidos a torturas físicas y psicológicas, además de abusos sexuales, antes de ser enviados de regreso a Venezuela.

Mientras que, en Panamá y Costa Rica, las denuncias apuntan a campamentos de detención y albergues improvisados en condiciones precarias. En el caso panameño, cerca de 300 personas habrían sido retenidas en la región del Darién, donde se reportaron negaciones sumarias de asilo y violencia sexual contra mujeres migrantes.

Por su parte, Honduras habría recibido a más de 50 personas de distintas nacionalidades bajo un acuerdo para examinar solicitudes de protección, mientras que Guatemala firmó convenios para recibir migrantes centroamericanos y posteriormente enviarlos a sus países de origen.

Las organizaciones advirtieron que estas políticas podrían violar el principio de no devolución.